Viernes 12 de Mayo de 2000
LA CUESTION SOCIAL: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA EL GOBIERNO
La aprobó ayer Diputados. La base fue el texto consensuado por la Alianza y el PJ en el Senado. Pero ayer el peronismo votó en contra. Desde enero la polémica por la ley derivó en protestas y divisiones sindicales
FINAL. Diputados de la Alianza se felicitan tras la votación en la que se aprobó ayer la reforma laboral.
Tras un convulsionado trámite de cuatro meses, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley la reforma laboral largamente exigida por el Gobierno de Fernando de la Rúa, según el texto con las modificaciones introducidas por el Senado a partir de un acuerdo entre el oficialismo y el justicialismo.
Desde enero, cuando se presentó el proyecto, hubo duras discusiones, denodadas búsquedas de consenso, protestas —una de ellas terminó con graves incidentes— e incluso fue causa de la división de la CGT.
La sanción fue el resultado de un nuevo largo debate —algo más de siete horas— que volvió a evidenciar el nivel de controversia planteado por la ley: ayer el PJ votó en contra, e incluso hubo disidencias en el interior de los distintos bloques, sobre todo en el de la Alianza.
En la votación final, que sólo habilitaba pronunciarse como un todo sobre el texto reformado en el Senado, el oficialismo logró una mayoría relativamente cómoda, de 121 votos a favor contra 84 negativos y 2 abstenciones.
La Alianza consiguió la mayoría con el aporte de quince legisladores de los partidos provinciales y del cavallismo. También había necesitado de ellos temprano, en ese momento eran 11 provinciales y cavallistas, para conseguir el estricto quórum de 129 diputados necesario para iniciar la sesión poco después de las 11 de la mañana.
Hasta allí, el PJ había cumplido con su anticipada decisión de no facilitar el quórum. Sus legisladores sólo bajaron al recinto cuando el quórum fue logrado.
Todo el bloque del PJ votó en forma negativa, con una sola excepción: la del diputado extrapartidario Osvaldo Rial, titular de la Unión Industrial Argentina.
También bajaron sólo cuando hubo quórum aliancistas que siempre fueron críticos a la ley, como Alicia Castro, dirigente del MTA y la CGT disidente, y Marcela Bordenave, de la CTA.
Junto con otros diputados ligados a la CTA —Eduardo Macaluse, Jorge Giles y Elsa Quiroz—, el antiguo dirigente del peronismo revolucionario Ramón Torres Molina y los tres socialistas democráticos —Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas—, Castro y Bordenave, todos del Frepaso, conformaron el grupo de aliancistas que votó contra la ley.
Tanto los justicialistas como estos diputados críticos de la Alianza eligieron el voto negativo. Aunque en términos estrictos, por las opciones planteadas, ese voto pudiera interpretarse como un intento de in sistencia en la media sanción inicial de Diputados, consideraron que representaba una reafirmación más clara de su oposición frente a la opinión pública.
Enrique Martínez, otro frepasista que se había opuesto a la ley en su primer tratamiento en Diputados, el 24 de febrero, optó ayer por la abstención, pero desde la interpretación estricta de la opción planteada y dejando en claro que la rechazaba.
El debate reprodujo protagonismos y conceptos de aquel primer tratamiento del proyecto en Diputados. Como esa vez, el núcleo del conflicto de interpretación que plantea la ley fue el de la posibilidad de que su consecuencia sea la de favorecer la generación de empleos y la democratización sindical, como plantean sus defensores. O de que su única consecuencia concreta sea la de abrir camino a la reducción de salarios que proponen el FMI y el Banco Mundial como remedio a los problemas de competitividad de la economía argentina, como aseguran lo que se oponen.
Aunque también aparecieron algunas novedades. Por ejemplo, la intervención de Domingo Cavallo, seguida con mucha atención por los demás legisladores.
Con un tono muy calmo, Cavallo anticipó su apoyo a la ley, aunque advirtió que, en las actuales condiciones de la economía argentina, marcada por la recesión y los problemas de competitividad con Brasil, fatalmente llevará a la baja de salarios.
Los más sólidos embates contra la ley estuvieron a cargo de Alicia Castro y Enrique Martínez —advirtió que, por falta de disposición al debate real de unos y otros, "las causas del fracaso del menemismo pueden ser las causas de nuestro fracaso"— por el lado de la Alianza, y Cristina Kirchner por el del PJ, todos a partir de un cuestionamiento global al modelo de crecimiento basado en la "distribución regresiva de la riqueza y el desempleo".
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